El Pasado domingo día 29 de Enero, miles de personas se manifestaron contra lo que se ha dado a llamar “los juicios de la vergüenza”. Esta movilización, que estaba integrada por gente de la cultura de todos los ámbitos, me animó a tratar de comprender, dentro de mis limitaciones, el caso con toda su complejidad.
Los juicios, en cuestión, cuyo protagonista no es otro que el juez Baltasar Garzón, han puesto en pie de guerra a un nutrido sector de la sociedad que considera injusto que aquel, que no hace mucho tiempo fue considerado ejemplo de valentía y coraje, dentro y fuera de nuestro país, por su compromiso con los valores democráticos al promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato entre otros crímenes, hoy deba defenderse por un supuesto delito de prevaricación (es decir, dictar a sabiendas resoluciones injustas) por tratar de investigar los crímenes del franquismo a petición de numerosas personas que fueron víctimas directas o indirectas de la maquinaria represiva del estado franquista.
Por todo esto y otros motivos de índole emocional, el juicio que estos días tiene lugar en el Supremo se ha visto envuelto en una serie de acontecimientos que han contribuido a enturbiar el caso hasta el punto de que uno corre el peligro de olvidar lo que se está deliberando en la sala.
Son muchos los ciudadanos, entre los que me incluyo, que no entienden de leyes ni de disposiciones jurídicas y tal vez por esta razón asisten anonadados a este curioso teatro, en el que un Juez, decidido a esclarecer y a enjuiciar a los culpables de haber cometido crímenes contra la humanidad se ve, por esta misma razón, encausado y acusado de prevaricación tras las denuncias del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange Española y de las JONS, con el pretexto de que su competencia en esta causa penal era dudosa.
¿Y por qué su competencia en esta causa es dudosa? muy sencillo. El juez Garzón pretende con su investigación acusar de crímenes contra la humanidad a la dictadura franquista, pero como para enjuiciar una causa es estrictamente necesario hacerlo contra un sujeto pasivo, el juez se ve obligado a hacerlo contra el dictador en cuestión (del que llegó a solicitar su acta de defunción). Este dictador, como indica el concepto “dictadura franquista” no es otro que Francisco Franco.
¿Cuál es el problema? El problema es que Franco (por suerte para todos) murió en 1975, razón por la que según el código penal (art. 130.1) su responsabilidad por los posibles crímenes (de posibles nada) habría prescrito.
En la práctica podríamos decir que ningún juez se puede declarar a sí mismo competente de perseguir crímenes de lesa humanidad si no existe sujeto pasivo contra el que actuar. El delito existe, sin duda, pero no hay quien pueda responder del mismo; en este caso por fallecimiento.
Convendría reflexionar sobre este hecho antes de emitir opiniones de tipo ideológica que en nada ayudan a la conprensión del problema. Yo mismo estuve tentado de caer en la tentación al ver la emotiva concentración del día 29.
De todo lo anterior se desprende que el error de Garzón no fue declararse a sí mismo competente para investigar los crímenes del franquismo, sino, como mi amigo Luis dice (gracias por la información y clarificación de todo este asunto) de iniciar una causa no susceptible de ser investigada judicialmente al haber prescrito la responsabilidad criminal por fallecimiento del supuesto autor de los hechos.
Personalmente me encantaría que no sólo la historia pusiera al sátrapa en su lugar, sino también que a nivel judicial pudiera pagar por los innumerables crímenes que cometió durante su larga y cruenta dictadura, pero otra cosa es que nuestro sistema jurídico, después de la
muerte del posible culpable, permita tal acción y eso ya ha quedado claro que no es viable. De ahí que sí fuera posible imputar a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad en su día, pues el salvaje tirano se encontraba vivo y coleando descansando en su dorado retiro (Es que, por lo visto, asesinar cansa mucho)
Otro hecho relevante contribuye a crear nubarrones sobre todo este proceso: si tanto la defensa como el fiscal han pedido la nulidad de la causa abierta contra Garzón y el consiguiente archivo de la misma ¿qué intereses persigue, más allá del de impartir justicia, el juez instructor Luciano Varela para seguir adelante con la causa?
Como ya ha quedado claro, el asunto pivota sobre el hecho de si el juez Garzón era o no competente en el caso de los crímenes del franquismo. Bien, según la ley penal internacional cualquier juez se puede considerar competente a la hora de perseguir delitos de lesa humanidad siempre y cuando exista un posible culpable contra el que ir.
Ahora ya es evidente que no hay posible culpable (que sí lo hay moralmente. Ya veremos si el dictador Franco habrá ido a su cielo o a su infierno) por no haber sujeto al que encausar (también sus generales y colaboradores en los supuestos crímenes están muertos). Por ello llama la atención que al juez imputado se le haya pasado por alto este detalle tan importante (o tal vez no se le pasó). En lo poco que se ha podido ver de la vista oral del juicio, hemos encontrado a un Garzón aclarando punto por punto por qué se declaró a sí mismo competente para abrir la investigación. Fue a petición de algunos ciudadanos que a día de hoy sienten que los culpables de su sufrimiento no habían satisfecho la cuenta pendiente por los delitos que contra sus seres queridos o contra ellos mismos se cometieron. O sea, por la empatía que el juez sentía hacia los damnificados. Pero lo más interesante de todo es escuchar las razones según las cuales, al tratar de abrir esta investigación, en ningún caso ha vulnerando la ley de amnistía de 1.977, como dice la acusación particular (los ultraderechistas Manos Limpias) puesto que no persigue acciones políticas sino crímenes contra la humanidad, que según la citada ley penal internacional no prescriben y deben ser, en todo caso, perseguidos.
Queda patente por todo esto el loable espíritu de justicia que hay en la intención de Garzón para intentar investigar dichos crímenes, aunque también queda patente la imposibilidad de abrir dicho proceso al estar muerto su principal responsable. Una pena, pero así es.
Ante todos estos datos uno llega a la conclusión, lastimera, de que este señor Garzón no cuenta con mucha estima en determinados círculos de poder, especialmente en el suyo propio, el judicial.
¿Por qué pienso así?
Sencillo. Es el juez Varela el que ante los defectos de fondo (desconozco si también de forma) de la demanda presentada contra Garzón por parte del sindicato ultraderechista Manos limpias y la Falange Española, de manera insólita, ayuda a dichos demandantes a elaborar correctamente sus escritos e incluso les llega a sugerir que la denuncia debería precisar la calificación de prevaricación incluyendo el término “a sabiendas”.
Este “a sabiendas” es de una importancia vital puesto que así queda claro que el supuesto delito no se comete de manera involuntaria (el otro supuesto de prevaricación). Luego la imputación por el peor supuesto de prevariación cae con todo su peso sobre las espaldas de Garzón.
O sea, aquel al que se le considera imparcial y además debe serlo (como dice el dicho "la mujer del César además de honrada tiene que parecerlo") acaba aconsejando a una de las partes para que actúe contra la otra indicándole la manera más contundente de hacerlo. De ahí que tanto el fiscal como la defensa pidan el sobreseimiento de la causa abierta contra Garzón por haberse roto el principio de imparcialidad por parte del juez Varela. Hay que aclarar que entra dentro de la normalidad que un juez busque una acusación particular, al margen de la del estado. Lo que no es tan normal es que el mismo juez indique cómo proceder de la forma más contundente contra el imputado y eso es lo que le huele mal tanto a la defensa como al fiscal.
¿Entonces ante qué nos encontramos? Lamentablemente me inclino a pensar que el poder judicial que debería garantizar nuestros derechos (en este caso los de Baltasar Garzón) ya que debe interpretar las leyes de forma imparcial según la letra y el espíritu de éstas, en la figura del juez Varela, ha convertido este caso en un ring de boxeo en el que se enfrentan dos púgiles con toga. Uno con el aliento de la oficialidad llevándole en volandadas para acabar con el díscolo y el otro con la hinchada popular que todo lo puede, dispuesta a gritar hasta dejarse la voz para animar al díscolo.
Es evidente que existen razones que los ciudadanos desconocemos por las que un grupo de jueces detestan la forma de actuar de Baltasar Garzón. Además pensemos lo incómodo que ha sido para la clase política el personaje en cuestión (el sumario de los GAL, el sumario del caso Gürtel…) Así que el resultado no es de extrañar a la vista de la serie de causas abiertas contra el que fuera nuestro juez estrella.
Quede claro que apoyo, cien por cien, a aquellos que siguen pidiendo justicia por el sufrimiento padecido durante el franquismo. Por eso mismo debemos separar esta legítima demanda de lo que acontece estos días en el Tribunal Supremo, pues lo que allí se está dirimiendo no es la imposibilidad de pedir justicia ante la brutalidad franquista; sencillamente se está tratando de aclarar si un juez, en este caso Garzón, estaba excediéndose en su labor como juez instructor. Otra cosa son las razones personales por las que el juez Varela ha creído oportuno continuar con el proceso a pesar de la petición del ministerio fiscal para que se anule la causa. Conviene recordar, para no ver fantasmas donde no los hay, que el juez Luciano Varela es uno de los fundadores de la asociación Jueces por la Democracia, de signo inequívocamente progresista, luego tampoco podemos achacar el tema a supuestas conspiraciones neofranquistas, aunque a buen seguro que el dictador debe estar regodeándose en su tumba con todo este asunto.
¿A qué conclusión llego? Que todos aquellos que en su día acudieron a Baltasar Garzón en busca de justicia y compensación, nunca debieron buscar una solución judicial a sus legítimas aspiraciones, sino que debieron pedir ayuda al gobierno del país, pues la solución a tal injusticia histórica, una vez muerto el tirano, sólo puede ser política. ¿Pero están dispuestos los políticos a desenterrar nuestro pasado, sin tapujos, con la valentía que eso demanda, para que de una vez por todas llamemos a las cosas por su nombre y se imparta la justicia que algunos de sus ciudadanos demandan y merecen? Viendo la bronca que se armó con motivo de la Ley para la mermoria histórica, difícil lo tienen. Pero la ley está ahí y hay que aprovecharla hasta el máximo de lo que dé para que aquellos que lo requieran encuentren su debida compensación.
Salud Amigos.
